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En los últimos días nuestro Gobierno ha dado dos pasos cuestionables en busca del bienestar de la sociedad colombiana, en primer lugar emite unos decretos declarando el estado de emergencia social por el colapso del sistema de salud, y sustentado en ello saca los decretos 128 de 2.010 y 131 de 2.010, los cuales le firman la sentencia de muerte al derecho a la salud.

Además de decir de una manera irresponsable que le pagará 100 mil pesos a los jovenes que están por fuera del conflicto armado en Medellín para que delaten a quienes hacen parte de los combos y bandas, firmando de esta manera la sentencia de muerte de aquellos quienes pueden ser sospechosos de ser delatores.

Con estas dos medidas se evidencia que nuestro Gobierno busca por encima de todo el bienestar del pueblo colombiano, un bienestar sin derecho a la Salud y con ambiente inquisidor donde se busca por todos lados a quien delate para pagarle 100 mil pesos y para que compre su ataud.